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Mayelín Rodríguez Prado: Sentenciada a 15 años por transmitir las protestas de Nuevitas



Mayelín Rodríguez Prado, conocida como “La Chamaca del Chamaco”, fue sentenciada a 15 años de privación de libertad por transmitir en vivo a través de Facebook las protestas de agosto de 2022 en el barrio Pastelillo, en Nuevitas. La joven madre de 23 años, recibió la sentencia más severa por supuestos delitos de “propaganda enemiga continuada” y “sedición”.



El Tribunal Provincial de Camagüey dictó sentencias contra otras 13 personas encarceladas por participar en las manifestaciones. Las condenas, que oscilan entre diez y quince años de prisión, reflejan la severa represión que enfrentan los cubanos que se expresan críticamente contra el gobierno.



José Armando Torrente Muñoz fue otro de los jóvenes que recibió una de las sentencias más severas, con 14 años de cárcel por delitos de “sedición”, “atentado” y “resistencia”. Ediolvis Marín Mora y Jimmy Jhonson Agosto también enfrentaron duras penas, siendo condenados a 13 años cada uno por “sedición” y “sabotaje”.



Daiver Leyva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Menkel De Jesús Menéndez Vargas, Frank Alberto Carrión Suárez, Frai Pascual Claro Valladares y Lázaro Alejandro Pérez Agosto recibieron condenas de diez años cada uno. Yennis Artola Del Sol fue sentenciada a ocho años, mientras que Wilker Álvarez Ramírez a cuatro años. Yanelis Valladares Jaime fue absuelta al no encontrarse pruebas suficientes en su contra.



Los cargos formulados por la Fiscalía incluyen sabotaje, sedición, encubrimiento del delito de sabotaje, propaganda enemiga, atentado, resistencia e incumplimiento del deber de denunciar. Las altas condenas y los delitos imputados a los manifestantes reflejan una aplicación extremadamente severa de la ley, lo que puede interpretarse como un intento de disuadir a la ciudadanía de ejercer su derecho a la protesta contra personas que simplemente buscan garantizar sus derechos y necesidades básicas.



Las protestas populares en Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto de 2022 y fueron motivadas por exigencias legítimas de mejoras en las condiciones de vida, ante los prolongados apagones de hasta 18 horas diarias. La respuesta del gobierno demuestra una falta de disposición para abordar de manera constructiva las preocupaciones reales de los ciudadanos. El juicio, que fue suspendido en dos ocasiones, se celebró finalmente el 16 de enero de 2024 bajo una fuerte presencia militar y un gran despliegue policial.



Estas sentencias podrían actuar como un factor disuasivo en la sociedad cubana, desalentando futuras manifestaciones y limitando la capacidad de los ciudadanos de abogar pacífica y legalmente por cambios o mejoras. Además, evidencian cómo la ley es empleada como un instrumento de represión política para silenciar la disidencia y suprimir cualquier crítica hacia el gobierno.



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