En el programa reciente de Empodérate Cubano, la periodista Iliana Hernández y el abogado de Cubalex, Raudiel Peña Barrios, abordaron un tema que genera preocupación en torno a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, específicamente por motivos políticos, y es lo relacionado con la violación de los beneficios que corresponden según el reglamento del sistema penitenciario.
El abogado Raudiel Peña Barrios analizó la situación actual, destacando casos como el del preso político Luis Robles Elizástigui, quien solicitó el paso hacia un régimen de mínima severidad durante casi un año, sin obtener respuesta. Si bien el cambio le correspondía por el tiempo cumplido, las autoridades le negaron reiteradamente el beneficio. Por el tiempo transcurrido en prisión y de acuerdo con su comportamiento, Robles podría beneficiarse de la libertad condicional o ser trasladado a un campamento.
Para comprender qué significan estos beneficios, el abogado de Cubalex realizó una distinción inicial entre los tres regímenes que existen en el sistema penitenciario: máxima seguridad, severidad intermedia y mínima severidad (lo que se conoce como campamentos de trabajos forzados).
El abogado de Cubalex explicó que la asignación de un régimen específico depende de factores como la gravedad del delito, la reincidencia y la conducta del recluso. En este contexto, señaló que los presos políticos suelen ser ubicados en regímenes de máxima seguridad, limitando su movilidad, incluso después de cumplir su condena.
Foto: Captura de pantalla de la transmisión en vivo del espacio “Empodérate cubano”, que conduce la periodista Iliana Hernández.
De acuerdo con el abogado, es importante diferenciar entre la libertad condicional, la licencia penal y el cambio de régimen penitenciario. Mientras que el cambio de régimen implica una disminución en la severidad, pero no la liberación total, la libertad condicional y la licencia penal permiten la salida temporal del centro penitenciario. En el caso de la libertad condicional, este beneficio depende de períodos de prueba y controles asociados a este requisito, subrayando que la persona debe demostrar su capacidad para reinsertarse en la sociedad.
El programa también abordó el tema de la revocación de beneficios penitenciarios, específicamente cuando se trata de presos políticos. Se mencionaron casos como el de José Daniel Ferrer, a quien le revocaron la licencia extrapenal, y Félix Navarro, a quien además de revocarle la licencia, le impusieron más años de condena en un juicio. En este sentido, explica el abogado, destacan la falta de criterios claros y la discrecionalidad judicial en la aplicación de estos beneficios.
El abogado Raudiel profundizó en los requisitos y condiciones para la libertad condicional, haciendo hincapié en que la decisión judicial juega un papel crucial en la aplicación de estos beneficios. Analizó, además, la existencia de términos indefinidos en la legislación, como “buena conducta” y “resultados alcanzados en la actividad educativa”, que permiten una interpretación política por parte de las autoridades y advirtió que la Seguridad del Estado utiliza estos criterios de manera selectiva para mantener a presos políticos bajo restricciones, incluso cuando cumplen con los requisitos legales.
Peña Barrios compartió su preocupación sobre la falta de aplicabilidad de ciertos beneficios penitenciarios a presos políticos, señalando la sobresaturación de las cárceles y la reticencia del régimen a liberarlos. También destacó que el régimen puede negar la libertad condicional, incluso cuando legalmente corresponde, como una forma de ejercer control y enviar un mensaje ejemplarizante a otros opositores y activistas.
La compleja situación de los presos políticos en Cuba unido a la falta de transparencia, la influencia política en la aplicación de beneficios penitenciarios, la discrecionalidad judicial y la interpretación selectiva de los criterios legales por parte de las autoridades fueron aspectos centrales de la discusión.
Además de los casos mencionados anteriormente se abordó la situación de la presa política Lisdany Rodríguez, quien se encuentra embarazada y las autoridades del penal la están presionando para que se practique un aborto. Este hecho constituye una clara violación de los derechos humanos según el Reglamento Penitenciario de Cuba y los estándares internacionales.
El abogado reconoció en el programa que ninguna autoridad tiene el derecho de presionar a una mujer a abortar, e instó a la familia a denunciar estas presiones ante la Fiscalía militar. La situación de las mujeres embarazadas en prisión en Cuba es compleja. A pesar de que se les debe brindar una atención médica adecuada, en muchos casos no se garantiza una atención especializada o en función de necesidades específicas.
En resumen, el abogado de Cubalex abordó las violaciones de derechos humanos contra presos políticos en Cuba, destacando la negación de beneficios penitenciarios y el abuso físico y psicológico por parte de las autoridades carcelarias. Señaló la discrecionalidad en la aplicación de la ley, evidenciada en la exclusión de presos políticos de beneficios como el indulto y la libertad condicional, a pesar de cumplir con los requisitos legales. Estas decisiones están motivadas políticamente y son utilizadas como herramientas de represión por parte del Estado.
Como es habitual, los abogados de Cubalex en cada programa instan a los ciudadanos a documentar y denunciar abiertamente las violaciones de derechos humanos. Este llamado tiene como objetivo intensificar la presión internacional sobre el régimen cubano. Peña Barrios hizo especial énfasis en emprender acciones activas para exigir justicia y rendición de cuentas.
La entrada ¿Por qué se violan los beneficios de los presos políticos en el sistema penitenciario cubano? se publicó primero en Cubalex.
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