La imposición de fianzas en efectivo cada vez más elevadas se ha convertido en uno de los mecanismos utilizados por las autoridades cubanas para restringir la libertad de personas procesadas por motivos políticos o vinculadas a protestas sociales. Un análisis del equipo legal de Cubalex concluye que, lejos de funcionar como una medida cautelar para garantizar la comparecencia ante la justicia, las fianzas operan en la práctica como una forma de castigo anticipado, presión económica y control social.
La investigación examina el marco legal vigente, el contexto económico del país y la evolución de los montos exigidos entre 2022 y 2026, identificando un patrón de uso arbitrario que afecta especialmente a activistas, manifestantes y sus familias.
La Ley No. 143 “Del Proceso Penal”, aprobada en octubre de 2021, reformó el sistema de medidas cautelares en Cuba. Según el artículo 348, estas medidas deberían garantizar la comparecencia del imputado, evitar la continuidad delictiva, preservar las pruebas y proteger a las víctimas.
Entre ellas figura la fianza en efectivo, prevista en el artículo 355 como una alternativa a la prisión provisional.
Sin embargo, el equipo legal de Cubalex advierte que la legislación presenta un vacío fundamental: no establece ningún límite mínimo o máximo para determinar el monto de la fianza.
El artículo 364 únicamente señala que consiste en el depósito de una suma fijada por la autoridad competente, sin ofrecer criterios objetivos para calcularla. Esto deja en manos de instructores de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y fiscales una amplia discrecionalidad para imponer cantidades que no guardan relación ni con el delito imputado ni con la capacidad económica de la persona procesada.
Sin control judicial efectivo
El análisis también cuestiona la falta de controles independientes durante la fase de investigación penal.
De acuerdo con la Ley No. 143, la imposición o modificación de las medidas cautelares corresponde al instructor policial y al fiscal, sin que un juez intervenga automáticamente para revisar si la medida resulta proporcional o compatible con los derechos fundamentales.
Aunque la legislación prevé mecanismos de control judicial para la prisión provisional, Cubalex señala que en la práctica la defensa enfrenta importantes obstáculos, entre ellos el acceso tardío a un abogado y restricciones para examinar adecuadamente el expediente, lo que limita la posibilidad de impugnar estas decisiones.
Además, la ley establece que si la fianza no se paga en un plazo de diez días, las autoridades pueden ordenar el ingreso del imputado en prisión provisional, lo que convierte la capacidad económica en un factor determinante para conservar la libertad durante el proceso.
Una economía que hace imposible pagar
Esta situación se ubica además en medio de la profunda crisis económica que atraviesa Cuba.
Tras años de devaluación del peso cubano, el Banco Central emitió en abril de 2026 un billete de 5,000 pesos, reflejo del deterioro del poder adquisitivo de la moneda.
Actualmente, el salario medio oficial ronda los 6,930 pesos mensuales, equivalentes aproximadamente a entre 11 y 13 dólares al cambio informal, mientras que el salario mínimo asciende a 3,210 pesos, poco menos de seis dólares mensuales.
Frente a esos ingresos, investigaciones económicas independientes estiman que una persona necesita alrededor de 96,060 pesos al mes para cubrir gastos básicos de alimentación, transporte, higiene y salud.
En ese escenario, exigir fianzas de 100,000, 200,000 o incluso 500,000 pesos resulta materialmente imposible para la mayoría de las familias cubanas.
“La fianza deja de funcionar como una garantía procesal y se transforma en un castigo económico anticipado”, concluye el informe.
Según la organización, quienes no reciben remesas del exterior o carecen de otras fuentes de financiamiento prácticamente quedan condenados a ingresar en prisión provisional.
Un cambio de patrón desde 2024
El monitoreo de detenciones por motivos políticos realizado por Cubalex muestra una transformación significativa en el uso de las fianzas.
Entre 2022 y 2023, después de las protestas del 11 de julio de 2021, las cantidades impuestas generalmente oscilaban entre 1,000 y 20,000 pesos para manifestantes y activistas.
A partir de 2024, y con mayor intensidad durante 2025 y 2026, comenzaron a imponerse de forma sistemática fianzas de entre 100,000 y 500,000 pesos.
El informe interpreta este incremento como parte de una estrategia de “represión de baja intensidad”, orientada a desalentar futuras protestas mediante el impacto económico sobre los acusados y sus familias.
Uno de los ejemplos documentados ocurrió tras la protesta registrada a finales de mayo de 2024 en Ciudad Nuclear (Juraguá), en la provincia de Cienfuegos.
Después de la manifestación, el área fue militarizada y al menos diez residentes fueron detenidos, entre ellos Linet Columbié Ramírez, Maikel Ojeda Rodríguez, Osmani Paz Hernández y el comunicador independiente Erich González Lima.
Las autoridades impusieron a todos los procesados una fianza idéntica de 200,000 pesos, bajo acusaciones de desorden público, desacato y atentado.
Para la organización, la aplicación uniforme de esa cuantía constituye un ejemplo de castigo colectivo dirigido contra quienes participaron en protestas relacionadas con los apagones y la escasez de agua potable.
Un mecanismo de control social
La combinación de una legislación sin límites para fijar las fianzas, la ausencia de supervisión judicial independiente y las restricciones al ejercicio de la defensa crea un entorno propicio para la arbitrariedad.
La fianza en efectivo ha sido “desnaturalizada” y funciona como un mecanismo de control social, neutralización política y presión económica sobre activistas y manifestantes.
Asimismo, esta práctica afecta no solo a las personas procesadas, sino también a sus familias y redes de apoyo, muchas de las cuales dependen de remesas enviadas desde el exterior para reunir las sumas exigidas.
Este modelo debilita las garantías del debido proceso y resulta incompatible con los estándares internacionales de protección del derecho a la libertad personal y a un juicio justo.
La entrada Fianzas impagables: un nuevo mecanismo de represión y extorsión en Cuba se publicó primero en Cubalex.
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