Cubalex manifiesta su profunda preocupación tras la publicación en este mes de mayo en la Gaceta Oficial No. 39 Ordinaria de 2026 de la Ley 171 de Migración, la Ley 172 de Ciudadanía y la Ley 173 de Extranjería, que reforzaría la exclusión y el control de la ciudadanía tanto dentro como fuera de la isla.
Tras un análisis exhaustivo de estas normas y sus reglamentos, advertimos que, lejos de representar una modernización inclusiva, estas reformas consolidan un sistema de control securitizado y discrecional sobre la movilidad humana y el ejercicio de derechos fundamentales de los cubanos residentes en el país o en el exterior.
La introducción de la categoría de “residencia efectiva migratoria” sustituye el criterio objetivo de los 24 meses por un esquema ambiguo, cuya determinación queda en manos del Ministerio del Interior (MININT). Al exigir la permanencia en el país durante más de 180 días naturales en el año anterior o la demostración de “arraigo” —concepto no definido legalmente—, el Estado se atribuye la facultad de decidir arbitrariamente quién mantiene vínculos suficientes con la nación para ejercer plenamente sus derechos. De esta manera, la residencia deja de ser una condición objetiva y pasa a depender de criterios discrecionales y políticos.
Resulta igualmente alarmante la formalización de la limitación de entrada al país para ciudadanos cubanos bajo causales vagas como “seguridad nacional”, “orden público” o “interés público”. El Reglamento introduce además la figura del reembarque, permitiendo que un nacional sea devuelto en frontera por decisión administrativa de la Autoridad Migratoria, sin control judicial previo ni garantías de debido proceso. Esta medida legaliza prácticas de exclusión territorial que durante años han sido denunciadas por activistas, periodistas independientes y defensores de derechos humanos.
Por otra parte, la Ley 172 de Ciudadanía mantiene la posibilidad de privación de la ciudadanía por actos realizados desde el extranjero considerados contrarios a los “altos intereses políticos, económicos y sociales” del Estado. Se trata de una fórmula de extrema indeterminación jurídica que convierte la nacionalidad en un instrumento de castigo frente al disenso político en el exterior, vulnerando estándares internacionales relacionados con el derecho a la nacionalidad y la prohibición de la apatridia de facto. La ciudadanía queda así subordinada a criterios de lealtad ideológica y fidelidad política.
Las nuevas normas también profundizan el enfoque represivo del sistema migratorio mediante la creación de la Policía de Migración y el fortalecimiento de la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía (DIMEC). Estas estructuras concentran en el MININT facultades para investigar, sancionar, deportar y restringir movimientos sin la intervención de un poder judicial independiente, contraviniendo principios esenciales como la separación de funciones y el derecho a la tutela judicial efectiva.
En el ámbito económico, la nueva categoría de “inversor residente en el exterior” tampoco representa un reconocimiento pleno de derechos. Por el contrario, establece una vía condicionada y dependiente de la autorización estatal. El Estado busca captar recursos de la diáspora sin desmontar las prohibiciones estructurales que impiden a los cubanos no residentes emprender libremente en su propio país, manteniendo la actividad económica como una concesión otorgada por el poder y no como un derecho garantizado.
Cubalex alerta a la comunidad internacional y a los órganos de tratados de Naciones Unidas sobre este retroceso normativo que, bajo una apariencia de apertura, profundiza la diferenciación jurídica entre ciudadanos y refuerza el uso del sistema migratorio como herramienta de represalia política y control social.
La entrada Estado cubano institucionaliza la exclusión y el control sobre la ciudadanía con nuevas leyes migratorias se publicó primero en Cubalex.
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