En abril anterior, Cuba fue electa por aclamación para integrar el Comité de Organizaciones No Gubernamentales, perteneciente al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), y ejercerá como miembro de 2027 a 2030. Se trata de un órgano clave en la acreditación y supervisión de organizaciones de la sociedad civil ante el sistema de la ONU.
De esta forma, la designación ocurre en un contexto marcado por una sostenida contradicción entre el discurso oficial del Estado cubano en espacios internacionales y su postura frente a las organizaciones independientes de derechos humanos. Durante décadas, la delegación cubana ha cuestionado la legitimidad de estas organizaciones, negándoles reconocimiento y descalificando su labor.
Esta posición fue reiterada recientemente durante el examen de Cuba ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). En ese foro, representantes del Estado rechazaron las referencias hechas por relatores internacionales a activistas y organizaciones independientes, negando su condición de defensores de derechos humanos.
Según la delegación cubana, el término “defensor de derechos humanos” está siendo manipulado para ofrecer protección a personas que, en su criterio, cometen actos ilícitos. Afirmaron que estos individuos “mienten sobre su condición” con el objetivo de obtener respaldo internacional, cuando en realidad —según el discurso oficial— buscan “subvertir el orden constitucional” del país.
El Estado cubano fue más allá al vincular directamente la labor de estos activistas con una supuesta falta de integridad moral. Durante su intervención, aseguró que quienes ejercen activismo independiente “reciben financiamiento de potencias extranjeras”, en particular de agencias de Estados Unidos, lo que —según argumentaron— los convierte en “agentes al servicio de intereses ajenos” y no en legítimos defensores de derechos.
Asimismo, la delegación insistió en que en Cuba el ejercicio de los derechos humanos se canaliza exclusivamente a través de las “organizaciones de masas y la sociedad civil reconocida”, es decir, aquellas estructuras vinculadas o aprobadas por el Estado. Bajo esta lógica, cualquier grupo fuera de ese marco es considerado ilegítimo y carente de representatividad.
En su conclusión ante el CERD, la delegación sostuvo que las preocupaciones expresadas por los expertos internacionales se basan en fuentes “carentes de objetividad y honestidad”. Reiteraron que el marco jurídico cubano protege a todos los ciudadanos por igual y que nadie es procesado por ejercer la defensa de derechos, sino por actuar —según su versión— como “agentes al servicio de una potencia extranjera”.
Impactos que podría tener la entrada de Cuba al Comité
La entrada de Cuba al Comité de ONG de ECOSOC plantea interrogantes sobre el impacto que esta postura podría tener en los procesos de acreditación y participación de organizaciones independientes en el sistema de Naciones Unidas, particularmente aquellas que documentan violaciones de derechos humanos en contextos restrictivos como el cubano.
Según la experiencia de Cubalex, el Estado cubano ha utilizado históricamente su presencia en estos espacios para obstaculizar el acceso de organizaciones independientes —especialmente aquellas en el exilio— al estatus consultivo del ECOSOC.
Dicho estatus permite a las organizaciones participar en sesiones del Consejo de Derechos Humanos, tomar la palabra, emitir declaraciones públicas e incluso organizar eventos paralelos dentro del propio sistema de Naciones Unidas.
Sin embargo ese acceso ha sido sistemáticamente bloqueado. La organización señala que Cuba ha recurrido a mecanismos dilatorios dentro del Comité de ONG, como la solicitud reiterada de información —en ocasiones de carácter sensible o privado— que prolonga los procesos de acreditación durante años.
Cubalex advierte además sobre una tendencia más reciente: presiones sobre organizaciones que ya cuentan con estatus consultivo, incluyendo cuestionamientos sobre su financiamiento y posibles intentos de revocarles ese reconocimiento.
En este contexto, la organización expresa preocupación por el impacto que tendrá la presencia de Cuba en el Comité entre 2027 y 2030. Incluso procesos en curso podrían verse afectados. En el caso de Cubalex, la evaluación de su solicitud, presentada anteriormente, fue pospuesta para 2026, coincidiendo con la entrada de Cuba en el órgano.
Para Cubalex, este escenario no solo limita la participación de la sociedad civil independiente, sino que también restringe el acceso a información clave para los mecanismos internacionales de derechos humanos, debilitando así la capacidad de escrutinio sobre este tipo de realidades.
La entrada Cuba entra al Comité de ONG de la ONU pese a su rechazo histórico a la sociedad civil independiente se publicó primero en Cubalex.
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