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¿Cuáles son las consecuencias legales de la difamación pública de los huelguistas de San Isidro por parte del gobierno?

Los están acusando de delitos graves, como es incitación a la violencia y vinculación con el terrorismo. Por supuesto no existen evidencias ni pruebas con peso, nada de esto tiene una base legal, pero está prejuiciando muchísimo a la opinión interna, donde se encuentran los jueces o las personas que en el futuro pudieran estar manejando un proceso penal si algún día el Estado intenta iniciar tal proceso contra ellos.



Están acosando y prejuiciando sin pruebas y sin evidencias y además haciéndolo público, es una campaña de descrédito, que pone en situación de riesgo a cada una de las personas que han expuesto en los medios de comunicación, llevan varios días a partir del 28 de noviembre, luego del #27N, todos los días están atacando y exponiendo en los medios tanto a los miembros del #MovimientoSanIsidro, como a personas vinculadas con él. Ayer 7 de noviembre fue el caso de Iliana Hernández, en el Noticiero, en su emisión estelar de las 8 pm.



A partir de este momento Iliana comenzó a recibir mensajes de odio a través de sus redes sociales y además hoy le han hecho un mitin de repudio en su casa, esto es consecuencia directa de la exposición que el Estado ha hecho al exponer a estas personas. Si bien el MSI posiblemente sea ahora mismo el movimiento más conocido dentro de Cuba, implica que sus miembros puedan ser atacados con mucha más facilidad, identificados como blanco de violencia. Debemos estar conscientes que el Estado tiene a nivel institucional, incluso en las comunidades a través de los CDR, muy bien organizadas a las Brigadas de Respuesta Rápida.



Estos grupos son violentos y utilizan la violencia tanto verbal como física y son instrumentos para la agresión que ordena la Seguridad del Estado en connivencia con el MININT y estas brigadas, que ya están organizadas y solo reciben el llamado de los órganos del Ministerio del Interior para actuar y justificar en este caso por parte de los agentes del Estado del MININT, las detenciones violentas y con uso excesivo de la fuerza como pasa en casi todos los mítines de repudio, mientras el Estado, a nivel internacional, dice estar protegiendo a las personas defensoras de derechos humanos, de las masas enardecidas, cuando es el mismo Estado el que está provocando toda la situación o clima de violencia.



Entonces, cualquier ataque que haya es responsabilidad del Estado, por todo este escarnio público que está haciendo contra los activistas del MSI y las personas vinculadas a ellos y en el caso de Iliana, hay un paso muy pequeño entre la violencia online y la violencia física. En las redes la han llegado a amenazar de violaciones y abusos sexuales, con comentarios agresivos y fuertes que ya la atacan a ella como mujer, que no sólo estamos hablando de la exposición de los activistas, sino que ya hay un tipo de violencia de género muy específica que está sufriendo Iliana con todos estos actos que le están haciendo, como consecuencia directa de la exposición mediática.



Otro ejemplo es Katherine Bisquet, que también a raíz de la exposición del Estado, de todo lo que pasó el 27N, en la televisión nacional y los medios de comunicación, pues las personas que la estaban rentando le pidieron que saliera de la casa, lo que prácticamente es un desalojo. Toda esta situación sí está colocando a los activistas en una situación de riesgo y los expone a que sean objeto y blanco directo de actos de violencia y la responsabilidad total no sólo es del Estado, sino también incluso de los locutores y periodistas que están transmitiendo este tipo de comunicado.



Ellos tienen muy buena parte de la responsabilidad, no sólo los que están arriba que dirigen el Ministerio del Interior, también estos locutores están incitando a la violencia y al odio contra personas que ellos saben que son completamente pacíficas, las cuales están siendo sometidas a imputaciones de cargos y delitos aunque si fuera a iniciarse un procedimiento penal contra ellos, pues ya desde el mismo principio se estarían violando las garantías del debido proceso, incluso antes de iniciarse tal proceso. La exposición a la violencia a la que están siendo sometidos es mi mayor preocupación en todo esto.



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