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Spanish post from Cubalex by

Más allá de la celda: la represión política en Cuba castiga también a las familias 



Cubalex documenta cómo el régimen cubano aplica castigos contra opositores políticos, extendiendo la represión al entorno familiar mediante hostigamiento, vigilancia, separación forzada y amenazas a menores.



En Cuba, la represión política no se limita a los activistas: se extiende a sus hogares, sus familias y sus espacios íntimos. Los casos de José Daniel Ferrer García y Félix Navarro Rodríguez, opositores de reconocida trayectoria, muestran hasta qué punto el aparato estatal cubano invade y destruye los vínculos afectivos como mecanismo de castigo e intimidación.



A través de acciones como expulsiones forzadas, vigilancia constante, amenazas a la custodia de hijos menores o restricciones a las visitas familiares, el aparato represivo del Estado apunta a debilitar emocionalmente a quienes disienten, extendiendo el sufrimiento a sus seres queridos. En esta publicación, Cubalex documenta los casos recientes de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, en los que se evidencian patrones alarmantes de hostigamiento familiar, invasión a la privacidad y violencia institucional encubierta, dirigidos a quebrar la voluntad de los activistas mediante el dolor infligido a su entorno más cercano.

Una madre forzada a abandonar su hogar con su hijo



El 29 de abril de 2025, agentes de la Seguridad del Estado irrumpieron violentamente en la vivienda del líder opositor José Daniel Ferrer García, en Santiago de Cuba. Además de detenerlo sin orden judicial ni justificación legal, las autoridades forzaron a su esposa, Nelva Ortega, y a su hijo menor de edad a abandonar el hogar de inmediato. El niño fue sacado en condiciones precarias: sin haber podido asearse y con la ropa aún mojada de orina. A Nelva apenas se le permitió recoger algunos medicamentos antes de ser trasladada junto a su hijo a una vivienda que, según las autoridades, funcionaba como “casa de protección” para menores. 



Más que una medida de protección, lo ocurrido constituyó un acto de hostigamiento familiar y una invasión a la privacidad en el núcleo del hogar. En ese lugar, las autoridades le dijeron a Nelva que debía “proteger al niño”, en un tono que evocaba claramente amenazas sobre una posible pérdida de la custodia. Tal como ha documentado Cubalex en otros casos, el Estado cubano recurre de forma discrecional al Código de las Familias para utilizar a los hijos como herramienta de presión política, amenazando a los padres con retirarlos de su cuidado. 



La supuesta preocupación por el bienestar del hijo de Ferrer contrasta de forma alarmante con la utilización de menores, vestidos con uniforme escolar y sacados de sus aulas, para desfilar frente a su vivienda coreando consignas políticas y el nombre de Fidel, en una manifestación organizada tras su encarcelamiento. Esta práctica, documentada por Cubalex, revela un patrón sistemático de instrumentalización política de la niñez en Cuba mediante su participación forzada en actos de repudio. 



Estos hechos constituyen una violación directa del derecho al respeto de la vida privada y familiar, consagrado en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ambos instrumentos establecen que nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia o su domicilio, y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley frente a tales actos. 



La irrupción violenta en los hogares, el despojo de bienes personales y el hostigamiento dirigido a los núcleos familiares vulneran estos principios fundamentales. Al mismo tiempo, representan una forma de violencia institucional especialmente grave, diseñada para quebrar la voluntad de quienes disienten a través del daño emocional y la agresión al entorno más íntimo. 

El caso de Félix Navarro: control, humillación y manipulación



El mismo patrón de represión se repite en el caso de Félix Navarro Rodríguez, detenido también el 29 de abril de 2025 en Matanzas. La elección de la fecha no fue casual: coincidía con una visita programada de su hija en prisión. La operación no solo frustró un reencuentro familiar esperado, sino que evidenció un acto premeditado, diseñado para infligir daño emocional.



Félix Navarro, adulto mayor con antecedentes de salud, ha sido víctima de un patrón sistemático de hostigamiento por ejercer su derecho a la libertad religiosa. En las últimas semanas, ha sido detenido de forma arbitraria durante siete domingos consecutivos, simplemente por intentar asistir a misa. Los testimonios recogidos también denuncian un aumento en el uso de cámaras por parte de agentes de la Seguridad del Estado, quienes graban de manera constante —y sin consentimiento— los momentos previos y posteriores a las detenciones, incluyendo actos directamente relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de culto. 



Esta filmación recurrente constituye una forma de vigilancia arbitraria que vulnera el derecho a la privacidad, protegido por el derecho internacional. Al realizarse sin orden judicial ni fundamento legal, estas grabaciones no persiguen la transparencia, sino la intimidación, el registro selectivo de conductas y la producción de material susceptible de ser manipulado para justificar futuras represalias.



Por otro lado, se ha documentado la presencia de personal médico durante las detenciones de Félix Navarro, supuestamente con el propósito de “tomarle la presión”. Esta intervención constituye una forma encubierta de control que desvirtúa completamente la función de la asistencia sanitaria. La prestación de servicios médicos no solicitados, en el contexto de una detención arbitraria, no responde a principios humanitarios, sino a una estrategia calculada de daño emocional y psicológico, orientada a reforzar el dominio sobre la persona detenida. Resulta especialmente cínico que el Estado movilice recursos médicos para este tipo de operativos, mientras escasean ambulancias y servicios de emergencia para atender necesidades reales de la población.



Esta situación ha generado un profundo impacto en Sonia Álvarez, esposa de Félix Navarro. Las detenciones reiteradas de su esposo —particularmente cuando ambos se dirigían juntos a misa los domingos— no solo interrumpieron un acto de fe compartido, sino que la convirtieron en testigo directa y víctima del castigo infligido a su familia por ejercer derechos fundamentales. 



Desde la excarcelación de Félix, a Sonia Álvarez se le ha impedido visitar a su hija, Saylí Navarro, también presa política, lo que ha profundizado el aislamiento y el sufrimiento del núcleo familiar. Durante seis ocasiones consecutivas, las autoridades de la prisión provincial de mujeres La Bellotex, en Matanzas, le han negado el acceso al penal únicamente por vestir de blanco, en evidente represalia por su activismo como integrante de las Damas de Blanco.



Esta represión sostenida busca castigar mediante el desgaste emocional, debilitando los lazos afectivos y provocando una fractura deliberada en la dinámica familiar, especialmente cruel tratándose de una mujer adulta mayor expuesta a una presión constante y sistemáticamente dirigida.

Una estrategia de castigo emocional y social



La lógica detrás de estos operativos es clara: asfixiar a los activistas en todos los frentes posibles. No basta con encarcelarlos; el régimen cubano busca extender el castigo mediante la invasión del hogar, la separación forzada de las familias, la exposición de menores a situaciones traumáticas y la presión sostenida sobre adultos mayores, como Félix Navarro y su esposa, sometidos a niveles de estrés que amenazan su salud y bienestar.



El hogar deja de ser un refugio. La familia, en lugar de estar amparada por el Estado, se convierte en blanco de su represión. En los testimonios de Nelva Ortega y Félix Navarro se repite una constante: la dignidad resiste, pero la herida emocional es profunda, y el costo familiar, altísimo.



Desde Cubalex, denunciamos estas acciones como violaciones graves de derechos humanos. Alertamos sobre el uso de estrategias que instrumentalizan el derecho de familia, la infancia y la salud con fines de control político y represión. La comunidad internacional no puede seguir ignorando este patrón creciente de violencia estatal ejercida contra los núcleos familiares de la disidencia en Cuba.



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