Las historias de las madres ocupantes entrevistadas también sirven para respaldar el argumento del periódico: una amenazó con incendiar el consultorio y otras dos han vendido las viviendas que le han sido entregadas por el Estado. Con sus testimonios presentados bajo el despectivo título de Al habla con las ilegales, solo dos aseguran no haber recibido ninguna ayuda material, y una incluso fue amenazada con quitarle una pensión si no desocupaba el consultorio en el que se había instalado.
[[En todos los casos las mujeres denuncian el “peloteo” de las autoridades]]
En todos los casos las mujeres denuncian el “peloteo” de las autoridades pese a tener incluso hijos enfermos o discapacitados. Los cinco testimonios son apenas una parte ínfima y extrema del “registro de madres con tres o más hijos menores que tienen necesidad de vivienda”, según las propias autoridades.
Tanto el diario como los dirigentes interpelados aseguran que la ocupación ilegal es una tendencia en aumento desde al menos 2019, lo que obligó al Gobierno a crear una ley para sancionar no solo a quienes usurpaban locales con fuerza y amenazas –algo que ya se consideraba un delito–, sino cualquier tipo de ocupación ilegal.
Además, añaden, “los consultorios son la mayor tendencia y, a la vez, lo más grave, porque hay una afectación en aquellos que están prestando servicios. Cada uno tiene un promedio de mil y tantos pacientes”. También se conoce, asegura, que muchos casos tienen relación entre sí.
“Se avisan mutuamente (hay lazos incluso consanguíneos entre algunos). Invaden, entre otras propiedades ajenas, estructuras de Atención Primaria de Salud y se radican en ellas, generalmente de noche y durante la ausencia de fluido eléctrico. Más de uno, o una, pues son como regla mujeres con varios niños a cargo, ha ‘permutado’ el local usurpado por otro en la misma condición”.
Las ocupaciones no se limitan a los consultorios. También han sido “usurpados” en otros momentos una clínica veterinaria, un antiguo tribunal municipal, una fábrica de raspadura, un local informático y otro de la Asociación Cubana de Limitados Físico-motores.
El intendente de la ciudad cabecera confiesa a Escambray que “no siempre se custodian debidamente esos locales por los responsables o titulares; no siempre la población actúa rápidamente para evitar la ilegalidad, en ocasiones hasta las apoya”, a lo que el medio añade además la falta de “rapidez, resolución y eficacia” para resolver estas situaciones. Todo ello responsabilidad de las autoridades.
[[“No vamos a premiar este tipo de conductas con una vivienda”, zanja el directivo]]
“No vamos a premiar este tipo de conductas con una vivienda”, zanja el directivo, que añade que en la provincia hace tres años que no se construye un edificio. En su defensa de la propiedad estatal, sin embargo, no menciona a las mismas madres que también esperan por una casa.
Escambray también indagó sobre la construcción de inmuebles para estas familias, un programa que, admite, “ha mermado bastante como consecuencia del agravamiento de la situación económica del país”. A pesar de que la norma contempla la compra de casas particulares, y no solo su construcción, en 2024 se entregaron solo 10 y, en lo que va de año, una. “El poco avance logrado en las acciones constructivas”, explican las autoridades, se deben a las limitadas entregas de materiales y sus precios.
Mientras las ayudas permanecen estancadas, las autoridades se concentran en intentar sacar a las mujeres de los locales ocupados. “No contamos en el municipio con la disponibilidad de casas para otorgar a esas personas”, admiten, añadiendo que por el momento se traza una estrategia para “incrementar la protección de esos consultorios con personas que los resguarden y que la población nos ayude en ese propósito, nos alerte de cualquier indicio de que algo así podría suceder”.
[[La ocupación de consultorios también afecta directamente a la población, defiende el diario]]
La ocupación de consultorios también afecta directamente a la población, defiende el diario, que recoge testimonios de una madre cuyo bebé tuvo que ser atendido en la acera, o del personal de Salud que perdió de un día para otro todos los expedientes médicos y el local en el que siempre había trabajado.
También sugiere que la opinión pública está del lado de la ley y reproduce comentarios de los vecinos: “No la van a sacar, olvídate, porque si lo hacen eso va para los derechos humanos [líderes disidentes o la prensa independiente]”; “Enseguida viene alguien, lo sube a las redes y verás lo que es atacar a Cuba”; “Claro que tienen que sacarla, ¿quién la mandó a vender la casa que le dieron?”; “Esta Revolución es demasiado benévola, por eso abusan”; “¿Y dónde quedan los derechos del personal de Salud y de los pacientes?”.
Mientras, a las madres ocupantes, a expensas de pagar el delito con hasta dos años de cárcel, no les queda otra que seguir esperando por la “generosidad” del Estado. “Yo pienso que tal vez el Gobierno en algún momento me dé la oportunidad entregándome algo donde vivir para que los niños tengan mayor comodidad aquí en la ciudad, yo pueda trabajar y no tenga que depender de nadie”.
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