El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular rechazó a principios de junio la reclamación por “perjuicio y daño moral” presentada por el abogado de Cubalex, Julio Ferrer Tamayo, contra Otto Molina Rodríguez, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal.
La reclamación, presentada el 2 de mayo, surge como consecuencia de la continua negativa del tribunal a emitir una copia certificada de una sentencia de casación contra su esposa, la abogada Marinenys Pavó Oñate, a pesar de las múltiples solicitudes realizadas, todas debidamente fundamentadas en la legislación vigente.
En su respuesta, fechada el 10 de junio de 2024, el tribunal negó la existencia de daño, argumentando que “debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con respecto al reclamante, requisitos que no concurren en el caso en cuestión”.
Además, el tribunal señaló que “la solicitud de copia literal de la sentencia objeto de litis no procede resolver mediante esta vía, la cual está reservada para la exigencia de responsabilidad ante el ejercicio indebido de funcionarios y jueces”.
La respuesta fue firmada por Lilian Pérez Castillo, Secretaria del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, quien no está facultada para pronunciarse sobre la reclamación ni resolverla, ya que esta competencia recae exclusivamente en el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, conforme al Artículo 148 del Reglamento de la Ley de los Tribunales de Justicia, explica el abogado.
Este artículo establece que las decisiones deben ser formalizadas mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno y notificadas al reclamante en un plazo que no exceda de cinco días hábiles, contra el cual puede promoverse una demanda por la vía del proceso administrativo ante el tribunal competente.
La denegación reiterada y las justificaciones arbitrarias del presidente del tribunal no solo han bloqueado el acceso a documentos legales, sino que también han causado un daño moral considerable.
Conforme a la Instrucción No. 212 de 2011 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, se debería garantizar el derecho a obtener copias de resoluciones judiciales firmes. No obstante, según Ferrer Tamayo, este derecho se ha visto sistemáticamente vulnerado sin justificaciones legales válidas.
Por estas razones, el abogado sostiene que la respuesta del tribunal es ilegítima y que la negativa a entregar el documento se debe a que la sentencia es falsa, ya que su esposa fue condenada ilegalmente a seis años de cárcel por el supuesto delito de estafa y tráfico de influencias, en represalia por su labor como defensora de los derechos humanos en Cuba.
La entrada El Tribunal Supremo rechaza reclamación del abogado Julio Ferrer Tamayo por daño moral se publicó primero en Cubalex.
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