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Spanish post from 14yMedio by 14yMedio

El Supremo desestima el recurso de casación de Brenda Díaz, la manifestante trans detenida el 11J





Caption: A la pena de Brenda Díaz se añade la discriminación de estar encarcelada en el módulo de hombres de una prisión especial en Güines, prevista para condenados con VIH. (Cortesía)



14ymedio, Havana, 3 August 2022 -- Brenda Díaz, la manifestante trans condenada a 14 años de prisión por manifestarse el 11J en Güira de Melena (Artemisa), ha visto desmoronarse la esperanza de una rebaja en su condena y "está muy triste", cuenta a 14ymedio su madre, Ana María García. La sala de lo Militar del Tribunal Supremo desestimó su recurso de casación, aunque aceptó la revisión de ocho de las apelaciones y tres más de oficio, que sí vieron reducidas sus penas.



El juicio se celebró el pasado 18 de junio para revisar las duras sentencias contra 21 de los 32 manifestantes incluidos en la causa, y condenados mayoritariamente por delitos de sabotaje y desórdenes públicos en primera instancia a penas que iban entre los 15 y los 8 años de prisión.



"Tanto que esperé este día para saber si le bajaban la sentencia y nada", escribió la madre de Brenda en su perfil de Facebook anoche, tras recibir la notificación, que se ha demorado dos largos meses. "Estoy con una tristeza tan grande en mi alma que ya no sé si gritar, si llorar, si desmoronarme … ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué, si no es asesina? ¿Por qué, si solo hizo lo que todo el pueblo, pedir libertad, se ensañaron con ella? A todos les rebajaron condena menos a dos o tres, y entre ellos estás tú, mi niña. Cuánto dolor. Pero no te dejaré. Seguiré luchando por tu libertad aunque me cueste la mía o mi vida", añadió.



En realidad, la mayoría de los condenados no se vieron beneficiados por importantes reducciones de las penas. Los once afortunados son Yasdany Benítez Quesada y Yandi Hernández Montes de Oca, que pasan de una sanción conjunta de 14 a 10 y 8 años de prisión respectivamente, Yanley López Basulto, de 12 a 8 años, Yasiel de Jesús Chinea Solano e Ismael Rodríguez González bajan de 11 a 8 y 7 cada uno; Daisel González Álvarez y Yunior Pérez López, de 10 a 7 años.



Por último, Yismel Alfonso Oliva, condenado a 9 años, y Dariel Rosa Pérez, Lázaro Jason Cecé Gálvez y Gilberto Castillo Castillo, todos ellos a ocho, pasan a seis años de privación de libertad.



Los sancionados con mayores penas, como Jorge Bello Domínguez, Mijail Sánchez de la Nuez y Orlando Valle Jorge, todos ellos sentenciados a 15 años, no han visto modificada su sentencia. A 14 años fueron condenados Freddy Luis Díaz García (nombre de nacimiento de Brenda Díaz) y Lizandra Góngora Espinosa; Yander Rodríguez Iglesias, a 12; Yasiel Hernández Márquez y Juan Pablo Martínez Monterrey a 11; Lázaro Antonio Rodríguez Jerez y Marlon Noval Alfonso a 10.



La sentencia de casación, a la que tuvo acceso 14ymedio, repasa los hechos ocurridos el 11 de julio de 2021, cuando Jorge Bello Domínguez y Brenda Díaz (denominada Freddy Luis Díaz García en todo el texto), "lograron asumir un rol activo en el disturbio generado" reuniendo a unas 170 personas que participaron en las protestas. Según las autoridades, Domínguez portaba una sábana blanca con un letrero pintado que exponía "Abajo la dictadura" y "Libertad para Cuba", mientras que Díaz fue el primero en arrojar una piedra contra una de las dos tiendas en moneda libremente convertible (MLC) que resultaron vandalizadas. El establecimiento, Trasval, no resultó dañado, mientras que el El Encanto sí.



Los hechos probados de la sentencia afirman que no solo resultaron dañados los cristales de la tienda, sino que se intentó forzar la reja para acceder a ella. Finalmente, los acusados entraron y se llevaron algunos productos que estaban a la venta.



Para las autoridades, además del delito de "desórdenes públicos" con los que se pretendía "que intentaba que colapsara sistema político económico y social del país, dado a la sincronización que presentó con similares actos en diversas regiones del territorio nacional como parte de la guerra no convencional con repercusiones a escala internacional", se produjo el más grave aún de sabotaje.



El texto afirma que el delito intentaba "desestabilizar la Seguridad Interior del Estado a través de los actos vandálicos que se ejecutaron contra las dos tiendas en MLC, cuyos productos (...) resultan adquiridos en el mercado internacional", por ese motivo, considera que dañar o sustraer los objetos de estos establecimientos causaba un grave perjuicio en el contexto de crisis y pandemia y por su contribución a "dinamizar la economía del país y encadenar los procesos productivos ante la disminución de las exportaciones". Este hecho fue fundamental para juzgar a los acusados en un tribunal militar, a pesar de ser todos ellos civiles.



En la sentencia destacan además otras citas, como la que considera que "no pueden considerarse severas las sanciones impuestas a los acusados" con mayores penas por estar "fijadas dentro del marco penal concreto de los delitos que calificaron en su contra" y están "atemperadas, tanto en su cuantía como en su naturaleza, a particulares intervenciones que tuvieron sus características conductuales y las gravedad de los lesivos actos que cometieron".



El tribunal añade que en cada caso se han "ponderado" los atenuantes correspondientes, en el caso de Brenda, el hecho de que contribuyó "al esclarecimiento de los hechos". Sin embargo, tanto para ella como para otros condenados con altas penas, se ha tenido en cuenta la necesidad de actuar "con el rigor que demandan los repulsivos hechos en los que se enrolaron".



El caso de Brenda Díaz se ha hecho popular porque a su pena se añade la discriminación de estar encarcelada en el módulo de hombres de la prisión especial del municipio Güines (Mayabeque), prevista para condenados con VIH. Díaz, de 28 años, recibe tratamiento retroviral y, según su madre, no ha sido desatendida por ser presa. Sin embargo, Ana María García no se quita de la cabeza que su hija está recibiendo un castigo extra por su identidad de género.



En la acusación, la Fiscalía recogía datos considerados "revictimizantes" y "estigmatizantes" por asociaciones especializadas. Por ejemplo, en el escrito se destaca que Díaz utilizaba un vestido, que es seropositiva y se confunde su identidad de género con una "orientación sexual".



"La vestimenta nada tenía que ver con lo que se estaba juzgando. No era un arma, no era una prueba contundente. Ese vestido, al señalarlo, es simplemente revelar un prejuicio porque el Estado está queriendo decir que esa persona está disfrazada", expuso la periodista y activista trans Mel Herrera.



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