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Spanish post from El Blog de Dimas by Dimas Castellano

Tres golpes al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la UE

La democratización de Cuba, país occidental sometido a un sistema totalitario en pleno siglo XXI, constituye una necesidad impostergable. Los cubanos, carentes  de los espacios y libertades para participar como sujetos del cambio, requieren del acompañamiento internacional. La conducta de la Unión Europea (UE) ha demostrado, después de 25 años de relaciones mutuas, reunir las condiciones suficientes para desempeñar el papel de acompañante.



La Comunidad Económica Europea (CEE) fue creada en 1957 por Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Alemania Occidental. Después de más de tres décadas de desarrollo, con el Tratado de Maastricht de 1993, incorporó la política a las relaciones económicas y pasó a denominarse Comunidad Europea (CE) y, a la reunión cumbre de jefes de Estado o de Gobierno de sus países miembros, UE.



En 1996 la UE, cuyos miembros mantenían relaciones bilaterales con Cuba, adoptaron una Posición Común con el objetivo de "alentar un proceso de transición a la democracia, al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y a la recuperación sostenible y la mejora de las condiciones de vida del pueblo cubano".



Así lo demuestra una mirada retrospectiva los 25 años de relaciones con Cuba.



En 2002 Cuba solicitó su incorporación al Acuerdo de Cotonú —acuerdo de cooperación de la UE con los países de África, Caribe y Pacífico— en el que las partes están obligadas al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.



En 2003, a punto de aprobarse la solicitud, el encarcelamiento de 75 luchadores pacíficos y el fusilamiento de tres jóvenes que intentaron huir de Cuba tuvo el efecto de una patada a la mesa de negociaciones. En respuesta, la UE limitó las visitas gubernamentales a Cuba, redujo la participación en los eventos culturales e invitó a los opositores a participar en las recepciones con motivo de las fiestas nacionales de sus Estados miembros.



En 2008, cuando la mayoría de los 75 encarcelados continuaban en prisión, el efecto de la crisis, agudizada por la destrucción de los huracanes Gustav e Ike, el Gobierno decidió reiniciar las relaciones con la UE interrumpidas desde 2003. El canciller, Felipe Pérez Roque, declaró que el Gobierno de Cuba haría "gestos claros de reconocimiento" a la política europea si la UE no votaba a favor de la resolución sobre Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y añadió que de hacerlo "Cuba firmaría el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al día siguiente". Es decir, la firma no resultó de la voluntad para mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba, sino a un chantaje político, lo que explica que la firma no se ratificó. Mientras tanto los cancilleres de los países de la UE revocaron las sanciones de 2003 e introdujeron un "compromiso renovado" con la Posición Común.



En 2010 Cuba prohibió la entrada al eurodiputado español Luis Yáñez, y el prisionero político Orlando Zapata Tamayo murió en huelga de hambre. Hechos que fueron condenados por el Parlamento Europeo. El empeoramiento de las relaciones, combinado con sucesos internos, condujeron al compromiso de liberar a todos los prisioneros políticos de la causa de los 75.



En 2014, en respuesta a la liberación de los presos políticos, la UE autorizó el inicio de las negociaciones para establecer un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, el cual se firmó en marzo de 2016 en presencia de la alta representante de la UE en Política Exterior, Federica Mogherini, y del canciller cubano, Bruno Rodríguez.



De esa fecha a la celebración del primer y segundo Consejo Conjunto UE-Cuba (mayo de 2018 y septiembre de 2019, respectivamente), no hubo avances en materia de derechos humanos.



Más recientemente, en junio de 2021, la conducta de Cuba recibió tres contundentes golpes que marcan un giro que podría ser determinantes:



El día 10, el Parlamento Europeo condenó la existencia de presos políticos, los acosos y las detenciones arbitrarias de disidentes e instó a las autoridades cubanas a poner en libertad a todos los presos políticos y a los detenidos de manera arbitraria por ejercer la libertad de expresión y reunión.



El día 20, en su "Informe Anual sobre Derechos Humanos y Democracia en el Mundo", la UE reconoció que en Cuba "la libertad de expresión, de asociación y de reunión siguió siendo objeto de importantes restricciones", y afirmó que el Gobierno de Cuba "no suele apoyar las recomendaciones procedentes de los estados miembros de la UE.



El día 30, el Parlamento de Lituania, único país que no ha ratificado el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, subió la parada: exigió "la liberación incondicional de los presos políticos", mencionó  por sus nombres la persecución contra Tania Bruguera, Luis Manuel Otro Alcántara, Maykel Castillo, Denis Solís, Luis Robles y a los detenidos por la protesta de la calle Obispo, entre otros, y en consecuencia declaró  que "no es políticamente conveniente ratificar el Acuerdo", lo que lo coloca en un situación de jaque mate.



Esos acontecimientos han generado un escenario impredecible en las relaciones entre la UE y Cuba.



Detrás de lo acontecido está el desmontaje de la sociedad civil después de 1959, la supresión de las libertades cívicas y políticas más elementales, la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción y el monopolio del Partido-Estado-Gobierno sobre la política, la cultura, la enseñanza y los medios de comunicación.



El Gobierno cubano actual, en esencia el mismo que debutó en 1959, contrajo responsabilidades e intereses que está dispuesto a defender. Esa característica, que explica el carácter limitado y contradictorio de sus reformas, a la vez refleja su gran debilidad, camuflada con gestos y discursos de una fuerza inexistente. En ese complejo escenario radica la importancia del acompañamiento de la UE hacia la democracia.



"Lo único que puede salvar el Acuerdo es que se diálogue públicamente con la sociedad civil y se cumpla la resolución del Parlamento Europeo del 10 de junio pasado".



Una salida deseable y beneficiosa, en busca de eficacia a la agenda de Diálogo Político y de Cooperación sería añadir, al menos, cinco exigencias a Cuba:



Condicionar la ayuda a hechos concretos y no a compromisos verbales como ha ocurrido desde la Posición Común adoptada en 1996.



La libertad de todos los presos políticos, el cese de las detenciones arbitrarias, del acoso y cualquier otro acto violatorio de los derechos y la dignidad humana.



La incorporación de Cuba al Pacto de Derechos Políticos y Civiles y al Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, firmados desde el año 2008.



El acoplamiento de las leyes cubanas con la Carta de las Naciones Unidas y con todos los instrumentos de derecho internacional.



El fomento de espacios, mecanismos, intercambios y cooperación con la sociedad civil independiente de Cuba, estableciendo relaciones directas entre las asociaciones de la sociedad civil de ambas partes, sin control estatal.



Estas exigencias mínimas, extraídas de las necesidades de Cuba y de las relaciones con la UE durante 25 años, deben conformar, definitivamente, el norte a seguir en las presentes y futuras relaciones para bien de Cuba, de los cubanos y de la UE.



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