Desde 2017, la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, ha sido detenida arbitrariamente en 13 ocasiones por agentes del Estado cubano. Ha pisado los calabozos de seis municipios de La Habana: cuatro veces en Guanabacoa, dos en San Miguel del Padrón y una en el Cotorro, Playa, Guanabo y Cojímar; ha dormido noches enteras en celdas pestilentes y sucias. Las paredes de esas celdas son rejas con barrotes de hierro y permiten ver hacia adentro sin mucho esfuerzo. Cualquiera podía ver a Iliana, incluso cuando se agachaba sobre una letrina para orinar.
Durante esas detenciones la han obligado a desnudarse y someterse a revisiones corporales por agentes del sexo femenino. La han obligado a inclinarse y toser para comprobar si tiene algún objeto dentro de su vagina. La han obligado, también, a tomar muestras de olor de sus genitales. Como único motivo de sus arrestos, en las actas de detención consta que es una CR (contrarrevolucionaria).
En la Isla existen casos de violencia de género institucionalizada contra las mujeres periodistas como Iliana. A ellas se les detiene por períodos cortos para impedirles reportar sobre determinados hechos, como la visita de los Reyes de España a Cuba o la celebración de los 500 años de La Habana.
Durante el juicio contra el opositor José Daniel Ferrer, varias reporteras denunciaron a Cubalex —organización no gubernamental que a través de la ley nacional e internacional defiende y promueve los derechos humanos en Cuba— la vigilancia continua de sus casas, y en algunos casos, ser perseguidas por agentes vestidos de civil si salían de sus viviendas.
Un reporte de la misma organización, publicado en marzo de 2020, apunta otros métodos de hostigamiento como la revisión de teléfonos celulares y cámaras fotográficas durante las detenciones, para borrar los contenidos del reporteo. Las amenazas llegan, incluso, a la privación de libertad si la periodista no cede, es decir, abandona su trabajo. Iliana, por ejemplo, ahora mismo es procesada bajo la ley de peligrosidad predelictiva, la cual se utiliza para castigar a una persona antes de que cometa un supuesto delito.
Multas de 3 mil pesos y desalojos
El 9 de enero la casa de Iliana Hernández fue allanada por agentes policiales, quienes decomisaron sus medios de trabajo y otros bienes personales. Los oficiales se negaron a entregarle el Acta de Ocupación (decomiso) de sus pertenencias. A efectos legales, nunca pasó.
Un mes después del allanamiento «me impusieron una multa de tres mil pesos y me robaron mi ordenador y el teléfono bajo el Decreto Ley 370, que regula lo que puede publicarse en las redes sociales o no».
La multa se deriva del artículo 68, inciso (i) de dicha legislación, que sanciona el hecho de «difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas». Hasta el 24 de abril, 19 personas habían sido procesadas bajo este Decreto, ocho de ellas son comunicadores.
El 27 de marzo la periodista de Cubanet, Camila Acosta, fue citada a pesar de la pandemia de Covid-19 y del llamamiento de las autoridades a no salir de casa. En la estación de policía fue interrogada por cuatro personas (una capitana y tres inspectores del Ministerio de Comunicaciones), quienes mostraron «evidencias» de sus publicaciones en Facebook, alegando que violaban el Decreto ya mencionado. Acosta también fue multada.
Desde febrero de este año, Camila, con dirección particular de la Isla de La Juventud, no tiene un lugar estable donde vivir en La Habana, pues el dueño del apartamento que rentaba decidió desalojarla ante las presiones de agentes de la Seguridad del Estado.
Otras reporteras independientes como Adriana Zamora (esta, incluso, embarazada) han reportado a Cubalex que recibieron amenazas de desalojo de las viviendas donde vivían rentadas. Los caseros fueron citados por agentes quienes amenzaron con aplicarles multas y confiscar el inmueble por tenerlas allí.
La Isla como cárcel
Por «razones de interés público», término que utilizan los agentes del Estado para restringir la movilidad de periodistas y defensores de los derechos humanos, hoy existen en Cuba más de 60 periodistas que no pueden salir del país. A ellos y ellas, tampoco se les permite prorrogar o solicitar un nuevo pasaporte. El tiempo de regulación es indefinido. Puede ser desde un par de meses hasta un par de años, como ha ocurrido con la periodista de Cubanet, Anay Remón García (Ana León).
El 30 de julio de 2018, cuando se disponía viajar a Miami, Anay fue trasladada a la oficina de Inmigración del aeropuerto. Allí le rompieron el boleto de avión y le dijeron que no volaría. Hasta hoy, dos años más tarde, tiene prohibido salir del país.
Inmediatamente después de notificarle la regulación, la periodista comenzó un largo proceso de reclamación que aún no termina. Su demanda ha circulado, sin hallar respuesta, por la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Provincial La Habana, la sucursal de Boyeros, y luego pasó a la Dirección Provincial de Inmigración y Extranjería. Por último, la enviaron a la Oficina de Atención a la Ciudadanía. Allí el oficial a cargo le informó que la Policía Nacional no tenía causa alguna en su contra; no era de ellos la decisión de regularla. Entonces la remitieron nuevamente a la fiscalía, de donde había partido su queja. Aparentemente, las instituciones cubanas desconocen por qué Anay no puede salir del país.
Según documentó el periodista Yoe Súarez, mediante datos recolectados por el Instituto Patmos, 245 residentes en Cuba fueron o siguen regulados desde enero de 2019 al 22 de marzo de 2020 por motivos políticos. En 2018, cuando Patmos comenzó a recopilar los nombres de los afectados, la lista incluía 52 personas, 193 menos que hoy.
La abogada Laritza Diversent atribuye el aumento de este método de hostigamiento a la efectividad del mismo: el Estado conoce el impacto que tiene en este grupo (periodistas independientes) la superación profesional.
«Me refiero no solo a temas relacionados directamente con el ejercicio del periodismo, sino también con el desarrollo de habilidades en el uso de las nuevas tecnologías de la información. Por otra parte, quieren evitar la participación del gremio en eventos a nivel internacional». La especialista explica que no debe obviarse que estos viajes posibilitan a los periodistas ampliar sus puntos de contacto, apoyos de redes profesionales, y proporcionan mayor visibilidad internacional de la realidad cubana.
Ser mujer y periodista independiente en Cuba te expone a los arrestos domiciliarios intermitentes, al acoso desde perfiles falsos en las redes sociales y a detenciones e interrogatorios forzosos, en los que algunos represores, en rol amigable, han dicho a las reporteras que «son bonitas y podrían dedicarse a otra cosa».
La entrada Por reportera y por mujer: Razones para acosar más a quienes hacen periodismo independiente en Cuba se publicó primero en Cubalex.
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