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Spanish post from 14yMedio by 14yMedio

La oposición pide amparo a la UE antes de una reunión clave en La Habana





Caption: Bruno Rodríguez, canciller cubano, y Federica Mogherini, alta representante de la UE. (Archivo ACN)



14ymedio, Havana, 8 September 2019 --  La reunión de este lunes entre el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, será con toda probabilidad la última que afronte la italiana con su homólogo cubano antes de abandonar el cargo. El mandato de la jefa de la diplomacia europea expira el próximo 31 de octubre y su sucesor, Josep Borrell, actual ministro de Exteriores de España, quedará al frente de las relaciones del bloque comunitario con La Habana.



Parece poco probable que el cambio de rostro modifique la política de la Unión Europea con Cuba, que se rige desde hace años por el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) firmado en 2016 entre las dos partes, pero para la oposición cubana Mogherini pasará a la historia como la responsable última del organismo que elaboró un informe en 2017 en el que se calificaba al Gobierno de la Isla de democracia de partido único.



Dos de los principales grupos de oposición en la Isla, la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y Cuba Decide, han convocado a la población de la Isla a manifestarse este domingo en los lugares públicos para expresar su "repudio” a la implementación del ADPC porque éste "no se ha condicionado a cambios concretos en el sistema político-económico del país que garanticen el cese de la represión y el respeto a las libertades básicas de los ciudadanos".



El segundo Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea que se celebra este 9 de septiembre (el primero fue en Bruselas, en mayo del pasado año) es el colofón a una semana de reuniones en La Habana para revisar el estado de las ratificaciones del ADPC por parte de los Estados miembros y el desarrollo de los diálogos políticos y la cooperación.



A falta de la ratificación formal de cuatro de los veintiocho miembros de la UE (Suecia, Lituania, Irlanda y Países Bajos), el acuerdo se aplica de forma provisional desde noviembre de 2017, pero varias organizaciones opositoras han pedido desde su nacimiento la suspensión del pacto. La mayoría de críticos con la Plaza de la Revolución han argumentado que Cuba no cumplía ni cumplirá con los condicionamientos en materia de derechos humanos exigidos por el bloque comunitario y preferían la anterior Posición Común, adoptada en 1996, que vinculaba los avances en la relación bilateral a los progresos en democratización.



La pasada semana, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos emitió un comunicado para pedir que la reunión "sirva para poner punto final al Acuerdo, debido al incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos por el Gobierno cubano en materia de derechos humanos, recogidos en dicho acuerdo".



El OCDH, con sede en Madrid, ha expresado en múltiples ocasiones su rechazo al ADPC, que considera, además, violentado en sus títulos II (Democracia, derechos humanos y buena gobernanza) y IV (Desarrollo social y cohesión social).



"La Unión Europea no puede continuar ignorando el agravamiento de la represión en Cuba. Ya es hora de paralizar el acuerdo y de presionar a las autoridades cubanas", afirmó el organismo, que ha emprendido una recogida de firmas para pedir a la UE la suspensión del acuerdo.



“Debido a que el régimen bloquea el acceso desde Cuba a la plataforma Change.org, el OCDH pide a quienes deseen suscribir su demanda enviar nombre completo y número de carné de Identidad al correo comunicacion@observacuba.org o en privado a través de Twitter a @observacuba. Las adhesiones serán recibidas hasta el 9 de septiembre”, dice el comunicado de la organización.



Lo cierto es que la situación en derechos humanos está lejos de mejorar, si es que no se ha agravado.



Cuban Prisoners Defenders actualizó sus datos de presos políticos la pasada semana, justo coincidiendo con el inicio de las reuniones entre Cuba y la UE. La organización independiente, vinculada a Unpacu, sitúa en 125 los prisioneros políticos, de los que 71 son convictos de conciencia, 24 condenados de conciencia y 30 presos políticos adicionales.



La organización insiste desde hace meses en que una fuente oficialista sin identificar cifra en 10.000 a las personas que permanecen en prisión por un delito de peligrosidad predelictiva, que acarrea penas de uno hasta cuatro años, y es un mecanismo empleado en la Isla para condenar a alguien con la mera argumentación de que se prevé que cometerá un supuesto delito.



El Gobierno cubano ha negado reiteradamente la existencia de presos políticos. Durante la visita de Barack Obama a La Habana, en 2016, el periodista estadounidense Jim Acosta se atrevió a preguntar al entonces presidente, Raúl Castro, por este tipo de reos. Visiblemente molesto, el general instó a que le hicieran llegar una lista con sus nombres.  "Si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos", afirmó el mandatario.



Sin embargo, organizaciones internacionales de prestigio, como Amnistía Internacional, han advertido reiteradamente del retorcimiento legal empleado por la Plaza de la Revolución para convertir a los presos políticos en delincuentes comunes.



"Las leyes que tipificaban los 'desórdenes públicos', el 'desacato', la 'falta de respeto', la 'peligrosidad' y la 'agresión' se utilizaban para procesar o amenazar con procesar, por motivos políticos a opositores al Gobierno", indicó AI en un informe. "Las personas críticas con el Gobierno seguían siendo objeto de hostigamiento, 'actos de repudio' (manifestaciones encabezadas por simpatizantes del Gobierno en las que participaban agentes de los servicios de seguridad del Estado)", se señalaba.



El pasado agosto, AI sumó cinco nuevos nombres a la lista de presos políticos cubanos que maneja, lo que acumula un total de quince. La organización instó al Gobierno cubano a “poner en libertad inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia, encarcelados exclusivamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y revocar sus condenas”.



Human Rights Watch es otra de las organizaciones internacionales que han denunciado miles de detenciones arbitrarias cada año encaminadas a impedir reuniones, protestas, participación en procesos electorales o, la última modalidad del Gobierno cubano, la salida del país.



En los últimos tiempos, se ha popularizado una técnica que consiste en impedir viajar a un opositor después de haber registrado su equipaje en el aeropuerto diciéndole que está regulado, provocando que activistas y periodistas no puedan participar en reuniones, congresos o cursos en el extranjero. Estas “regulaciones” a veces se resuelven posteriormente, cuando el afectado acude a la Oficina de Inmigración a conocer el motivo de su situación, pero para ese momento ya ha perdido la oportunidad de volar.



Mucho más favorable es la situación del acuerdo en términos económicos. El bloque europeo es el principal socio comercial de Cuba, con un intercambio que superó los 2.600 millones de euros el año pasado, y también es el primer inversor en el país. La UE se ha mostrado enérgicamente en contra de las medidas tomadas por el Gobierno de Donald Trump, que levantó la suspensión del título III de la Ley Helms- Burton, permitiendo que se pueda demandar en EE UU por las propiedades confiscadas tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959.



España, uno de los socios principales de Cuba, ha contado con el apoyo del bloque desde el inicio para rechazar las medidas de Washington que podrían afectar sus potentes empresas hoteleras en la Isla. Y es precisamente su ministro de Exteriores, quien tomará las riendas de la diplomacia europea en otoño.



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